La enfermedad moral de la izquierda

Por: Nicolás Toledo Alemán

La izquierda venezolana y en particular la universitaria sufre de ofuscación ética para usar el aserto de Rosa Montero.

Ha sido siempre muy capaz de denunciar a los regímenes totalitarios de América Latina (Pinochet, Strossner, Videla y tantos otros), ponerse al lado de las causas más nobles de la humanidad, sensibilizarse ante la opresión, la explotación, la deshumanización, apoyar las causas ecologistas, feministas, antirracistas y luchar denodadamente por la libertad de expresión y la inclusión así como contra la intolerancia. No obstante, cuando se trata de criticar la perversión del sistema cubano, o la absoluta falta de libertad de los regímenes totalitarios de izquierda, o cuando se trata de enfrentarse a las tentaciones totalitarias de este gobierno de Chávez que, en nombre del socialismo del siglo XXI y bajo la excusa de la revolución, de los pobres, de la justicia social y del anti imperialismo han dado muestras de cuan poco les importa lo que siempre se ha defendido, han hecho caso omiso, mutis por el foro o, peor aún, se han puesto a intentar legitimar dando evidentes muestras de lo que no es más que una enfermedad moral.

Poco les importa contradecirse. De nada les vale constatar el manto de mentiras con que se cubren. Y es que nuestros izquierdistas siguen añorando, disculpando y mitificando los infiernos de las dictaduras populares. Son capaces de perder de repente todo criterio y justificar los mismos abusos que siempre criticaron si estos suceden en Cuba, Corea del Norte, Irán, Zimbawe, Bielorusia o en Venezuela. ¿Qué cosa de tanto valor estaría en juego para cegarse así? ¿Qué vale tanto como para que valga la pena denigrar de lo que en apariencia siempre se fue? ¿Acaso la vanidad de dividir el mundo entre buenos y malos y de arrogarse a perpetuidad un puesto entre los primeros?

En un intento riguroso por hacer un registro fiable de todas las víctimas de la dictadura cubana, independientemente de su ideología, desde el principio mismo de la revolución en 1959 hasta hoy en día, basándose en todo tipo de datos, desde recopilaciones bibliográficas y periodísticas a informes de la OEA u otros papeles oficiales, trabajos de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y testimonios de familiares de las víctimas y de testigos directos, como milicianos, funcionarios o médicos que terminaron saliendo de Cuba, la gente de la fundación independiente “Archivo Cuba” con sede en New York han llegado por ahora a contabilizar 8.190 víctimas, que no son ni mucho menos las cifras totales, sino tan solo aquellas documentadas fehacientemente. De ellas, 5.775 personas fueron ejecutadas, 1.231 asesinadas extrajudicialmente, 200 desaparecidas y 984 muertas en prisión por diversas causas. Entre los muertos hay mujeres embarazadas y 54 casos documentados de niños.

Archivo Cuba está intentando ser la base para una futura Comisión de la Verdad, al estilo de las que se han formado en Chile, Guatemala o Argentina, para sacar a la luz las atrocidades cometidas y poder cerrar esa herida y seguir adelante.

"¿Cómo es posible que el mundo ignore todo esto?", se quejaba con sosegado asombro María Werlau su directora. “En Chile, bajo la dictadura de Pinochet, hubo 3.197 muertos y desaparecidos, y por fortuna el mundo entero supo de esas víctimas desde el principio. En Cuba se duplicó esa cifra solo en los primeros años del castrismo, pero los muertos cubanos vuelven a ser asesinados cada día por el silencio y el abandono internacional.”

Para la izquierda mundial, hasta las actividades terroristas, siempre que lleven el apellido “revolucionarias” o “populares” se justifican pues van en contra del capitalismo, del neoliberalismo, de alguna opresión secular o del imperialismo, poco importa. Son de izquierda y basta, ¿se justifica el fin? ¡qué me importan los medios!

Por su parte, la izquierda latinoamericana, particularmente la chavista, se desgañita contra Posada Carriles, un asesino injustificable, pero desconoce todas las evidencias existentes para calificar a las FARC de terroristas. Se hacen la vista gorda ante el hecho de que sus miembros violan flagrantemente sobre el terreno las normas del derecho internacional humanitario.

Las FARC por traer a la memoria tan solo una de sus barbaridades atacaron el barrio de La Chinita en Apartadó, Antioquia. El 22 de enero de 1994, los guerrilleros de las FARC rodearon una escuela donde se estaba celebrando una fiesta de recaudación de fondos, mataron a 25 personas e hirieron a 12. Entre los muertos había tres niños. Algunas víctimas fueron atadas y ejecutadas con disparos, entre ellas un militante de las FARC que aparentemente se negó a disparar contra civiles. Desde entonces, 25 personas han sido condenadas por su participación en la masacre.

Tanto los asesinatos como los secuestros se utilizan contra la población civil para sembrar el terror, una violación del artículo 13 (2) del Protocolo II, que prohíbe “los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.”. Las FARC han defendido frecuente y abiertamente tácticas que violan el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en una entrevista publicada en la revista de las FARC Resistencia Internacional, el comandante Marulanda recomienda ataques a fábricas y camiones civiles, y alega que dichos ataques destruyen la fuente de riqueza [del gobierno], así que no podrá mantener la guerra durante mucho tiempo.

Estos ejemplos, lamentablemente no son excepción. El Frente Domingo Laín ejecuta a las polacheras o tomberas, muchachas que flirtean o salen con soldados y agentes de Policía locales. En mayo de 1995, la UC-ELN capturó a tres niñas y una mujer, acusadas al parecer de “ser cercanas a miembros del Ejército y la Policía.” Las muchachas (dos hermanas de 14 y 15 años y una amiga de 14 años) y la mujer fueron torturadas antes de ser ejecutadas con tiros de gracia. Posteriormente, el Frente Domingo Laín y la Compañía Simacota se atribuyeron la masacre y anunciaron que iban a seguir matando a muchachas y mujeres “cada vez que se ponga en peligro el proceso histórico revolucionario.”

En 2002, algunos venezolanos, haciendo uso de un derecho constitucional (a la protesta) llevaron a cabo una serie de cierres de vías (la llamada guarimba). Chávez y sus conmilitones inmediatamente recurrieron a tildar de terroristas a quienes cerraban las vías, los acusaron de propiciar muertes de personas inocentes que requerían trasladarse a por un médico, los acusaron de insensibles y antipopulares, de violentos y desquiciados. No obstante, el líder cocalero boliviano Evo Morales, realiza exactamente las mismas acciones de protesta, confiesa su intensión de desestabilizar al gobierno, aísla nacional e internacionalmente a la capital de la república e impide que el Congreso sesione a punta de barricadas y lanzamientos de cartuchos de dinamita y el susodicho es recibido, con bombos y platillos en cuanto condumio se le ocurra a Chávez y a Fidel.

En el pasado reciente, en Venezuela, los informes de Provea eran utilizados por actuales dirigentes del llamado proceso para sustentar sus denuncias contra la llamada IV República. Hoy en día, esos mismos informes son denostados como antirrevolucionarios, fascistas y a sus autores se les acusa de ser marionetas del imperialismo yanqui.

En el pasado, ilustres profesores universitarios de izquierda se batían acompañando las luchas de periodistas por la libertad de expresión, hoy no las toleran. Blandían denuncias contra las tribus judiciales, hoy se benefician de ellas. Casi se inmolaban contra las arbitrariedades de una justicia tarifada y una policía corrupta, hoy las fomentan y son ellos quienes bajan la línea de lo que se debe hacer con las sentencias y hasta se ufanan en el parlamento del uso que le dan a la justicia en sus planes de venganza política.

Hasta no hace mucho se refugiaban en los sindicatos hoy les impiden su existencia. Luchaban a brazo partido por las reivindicaciones laborales, hoy les niegan el derecho a sus ahorros, a sus prestaciones y jubilaciones a miles de familias de los botados de PDVSA.

Antes acudían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado venezolano por ejemplo, por las masacres de El Amparo, o El Caracazo, y hoy les parece que esa corte no tiene autoridad moral para juzgar sus fechorías.

Hasta ayer se batían por una mejor televisión, cultural, plural, de calidad, hoy la conciben como secretaría de propaganda de su proceso. Mientras fueron víctimas de la discriminación, la combatían; hoy hacen uso de ella y la exaltan como arma contra los que nos oponemos a sus desafueros.

De defensores descarnados de la autonomía universitaria han pasado a promover la intervención. Cuando fueron minorías exigían se les respetase, hoy desde el poder le niega el pan y el agua a sus opositores y se les somete al escarnio, la persecución, el destierro o la cárcel.

Ayer gozaron de la política de pacificación, de los indultos y pudieron medrar en el parlamento e institutos autónomos. Hoy tienen asamblea, ejército y empresas estatales rojas rojitas. Ayer escupían las botas militares que hoy lustran. Ayer veían fascismo en quienes hoy ven fascismo por doquier.

Y todo esto en nombre de un hombre nuevo. ¡Qué descaro!

Hoy estos izquierdistas venezolanos, universitarios, pretenden vendernos una revolución de pacotilla y no se dan cuenta que tienen la credibilidad de un vendedor de carros usados.

Dijo Confucio que: 'Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad', por ello nos toca en la Escuela de Sociología cooperar para que las cosas se llamen por su nombre: inmorales.